TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO


SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número TUA/10o.DTO./(R)122/94, relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales, promovido por los representantes comunales del poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Edo. de Méx.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario.- Secretaría de Acuerdos.- Décimo Distrito.- Naucalpan de Juárez.

Visto para dictar resolución en el expediente número TUA/10ºDTO./(R)122/94 de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, relativo al poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, dictada por el ciudadano Juez Cuarto de Distrito en la citada Entidad Federativa, en el Juicio de Amparo Indirecto número 7/86-V y a la resolución del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada en el Recurso de Queja, promovidos por los representantes comunales del citado poblado en contra de actos de los ciudadanos Secretario de la Reforma Agraria, Sub-Secretario de Asuntos Agrarios, Cuerpo Consultivo Agrario y Director General de Tenencia de la Tierra, cuya última resolución en el considerando segundo in fine textualmente dice lo siguiente: "En las condiciones apuntadas procede declarar fundado el Recurso de Queja planteado, estimando que existe defecto en la ejecución de la sentencia emitida en este juicio de garantías, puesto que a la fecha no se ha cumplido íntegramente con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues no se ha dictado la resolución definitiva en el multicitado expediente agrario de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de Bienes Comunales del poblado de Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, conforme a los numerales antes invocados; por lo que se requiere a la autoridad substituta Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México para que en forma inmediata resuelva en definitiva tal expediente"; y

RESULTANDO

PRIMERO.- Por oficio sin número de fecha nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el Tribunal Superior Agrario remitió a este Tribunal Unitario Agrario el expediente número 276.1/2248, de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del poblado de Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, el cual quedó radicado por auto de fecha veintiocho de marzo del año en curso, bajo el expediente número TUA/10ºDTO./(R)122/94, ordenándose notificar a los interesados en términos de Ley. (foja 53 del legajo 30)

SEGUNDO.- Revisado el expediente agrario arrojó los siguientes antecedentes:

1.- En el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario de veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, en el cual se declara improcedente la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del expediente que nos ocupa, así como en las constancias que obran en el mismo, se relacionan los antecedentes agrarios de la comunidad de Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, siendo los siguientes:

a).- Por escrito de fecha veinte de noviembre de mil novecientos quince, un grupo de vecinos del poblado San Pedro Atzcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, del municipio de su mismo nombre, Estado de México, solicitaron al Gobernador del Estado restitución de tierras, exhibiendo para ello como títulos, copia certificada expedida por el Archivo General de la Nación y, por escrito de veinticuatro de agosto de mil novecientos diecisiete los interesados manifestaron que carecían de datos relativos al despojo de sus tierras, por haber sido éste consumado desde tiempo inmemorial, razón por la cual el procedimiento se revirtió a dotación de tierras, siendo resuelto por Resolución Presidencial de veintidós de julio de mil novecientos veintiséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre del propio año, concediéndole al poblado en cuestión por concepto de dotación de ejido una superficie total de 1088-00-00 hectáreas, que se tomaron de los siguientes predios: De la Hacienda de la Encarnación 919-00-00 hectáreas; de la de Lanzarote 97-00-00 hectáreas y de San José 72-00-00 hectáreas. (foja 14 del legajo 6)

b).- Por escrito de fecha seis de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro el poblado que nos ocupa solicitó al Gobernador del Estado de México ampliación de ejido, siendo resuelta su petición por Resolución Presidencial de once de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de abril del propio año, negándole la ampliación de ejido a dicho poblado por falta de fincas afectables dentro del radio legal de siete kilómetros. (foja 23 del legajo 6)

c).- Mediante escrito de fecha dos de enero de mil novecientos cuarenta y siete los vecinos del poblado de Villa Nicolás Romero, del municipio de su mismo nombre, Estado de México, solicitaron por segunda ocasión restitución de tierras al ciudadano Gobernador de la citada Entidad Federativa, procedimiento que fue resuelto por Resolución Presidencial del diecinueve de julio de mil novecientos cincuenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre del mismo año, que declara improcedente la segunda solicitud de restitución de tierras y niega la solicitud de ampliación de ejido en que se revirtió la restitución de tierras, por falta de predios afectables dentro del radio legal de siete kilómetros del poblado en cuestión; señalándose en el considerando único de dicho fallo que: "No obstante lo anterior, tomando en consideración que la restitución solicitada por el poblado de que se trata es improcedente porque los interesados no justificaron la fecha y la forma del despojo de las tierras reclamadas, razón por la cual se revirtió la acción restitutoria a la de segunda ampliación de ejido, y desprendiéndose de los datos recabados que no existe finca alguna afectable, ya que subsiste la misma situación por la que en los fallos presidenciales de veintidós de julio de mil novecientos veintiséis y once de marzo de mil novecientos cuarenta y dos antes citados, se negaron al poblado la restitución y la ampliación de ejido que solicitaron por primera vez..." (foja 26 del legajo 6)

d).- Por escrito de fecha doce de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, vecinos del poblado que nos ocupa solicitaron al titular del entonces Departamento Agrario, hoy Secretario de la Secretaría de la Reforma Agraria, la confirmación y titulación de terrenos comunales, petición que fue resuelta por Resolución Presidencial de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y siete, la cual le negó al poblado en referencia la confirmación y titulación de bienes comunales. Especificándose en el resultando segundo de la resolución mencionada: "...Que por resolución definitiva de fecha veintidós de julio de mil novecientos veintiséis se dotó al núcleo ejidal promovente con una superficie total de 1088-00-00 hectáreas de temporal, dentro de cuya superficie quedaron enclavadas las tierras que amparan los títulos presentados por dicho poblado; y que la opinión de la Dirección de Tierras y Aguas del Departamento Agrario es en el sentido de que debe negarse la confirmación y titulación de las tierras mencionadas en virtud de que éstas se encuentran debidamente amparadas con la Resolución Presidencial de fecha veintidós de julio de mil novecientos veintiséis, que se dictó al resolverse el expediente de dotación para dicho núcleo...", y en el considerando único del mismo fallo se señala: "Tomando en cuenta que los terrenos que amparan los títulos de propiedad presentados por el poblado solicitante, quedaron incluidos dentro de la superficie que le fue concedida a dicho núcleo por Resolución Presidencial de fecha veintidós de julio de mil novecientos veintiséis y por lo mismo se encuentran legalmente protegidos, debe negarse la confirmación y titulación de dichos terrenos". (foja 30 del legajo 6)

2.- El ciudadano Secretario General del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de la Reforma Agraria, por acuerdo del titular de dicha dependencia, mediante oficio número 517222 de veinte de enero de mil novecientos sesenta y siete, instauró de oficio el expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales del poblado de referencia. (foja 176 del legajo 20)

3.- La instauración del expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales que nos ocupa se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México el tres de mayo de mil novecientos sesenta y siete, no habiéndose publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que en el Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, vigente en esta época, no se contemplaba este requisito. (foja 264 del legajo 20).

4.- Fueron nombrados como representantes de los bienes comunales del poblado en cuestión los ciudadanos Darío Olvera Martínez y Anselmo García González, como propietario y suplente, respectivamente. (foja 6 del legajo 11)

5.- En relación con los títulos, en el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la hoja cinco se señala: "Por dictamen paleográfico de esta Dependencia de fecha veinticinco de abril de mil novecientos cuarenta y siete, los documentos presentados por el poblado denominado Villa Nicolás Romero, antes San Pedro Atzcapotzaltongo, fueron declarados auténticos, y se refieren a Merced expedida en favor de los naturales del anterior núcleo el día once de julio de mil quinientos cuarenta y cinco, constando éstos de tres caballerías de tierra por cada viento; el catorce de enero de mil quinientos cincuenta y tres, el Virrey Don Luis de Velasco, aprobó las diligencias respectivas; posteriormente el día trece de diciembre de mil quinientos sesenta y siete, el nuevo Virrey Don Gastón Peralta ordenó se amparara a los naturales de dicho poblado de las tierras que poseía; finalmente fueron aprobadas las medidas de deslinde en el año de mil quinientos sesenta y ocho. La superficie titulada al poblado que nos ocupa en la época colonial, comprende un cuadrado de doce caballerías, que en medidas actuales son aproximadamente 513-54-00 hectáreas". Asimismo corre agregado al expediente dictamen paleográfico de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y siete, emitido por la oficina de Paleografía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, de las copias certificadas expedidas por el Archivo General de la Nación el veinte de junio de mil novecientos dieciséis de los títulos de la comunidad en referencia, en cuyo dictamen se concluye que las diligencias a que se refieren las citadas copias certificadas son auténticas. (fojas 2 a 3 del legajo 11)

6.- Para substanciar el expediente de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales se comisionó al ciudadano ingeniero Eduardo González Valle en oficio número 601766 de fecha once de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, para que llevara a cabo los Trabajos Técnicos e Informativos, quien rindió su informe el tres de marzo de mil novecientos setenta y cinco en los siguientes términos: "...Los Trabajos Técnicos Informativos, fueron ordenados a raíz del problema que se suscritó entre campesinos del Municipio de Izcalli y los comuneros de Villa Nicolás Romero, quejándose los primeros de la invasión a los terrenos del ejido definitivo San Miguel Hila, por parte de los comuneros, que tuvo como culminación un acuerdo provisional entre las autoridades de ambos municipios y la intervención directa de esta Dirección General, a través del ciudadano profesor Aarón Camacho López, Jefe de la Oficina de Emplazamiento, del Ing. Jesús Pérez Ortiz, Jefe de la Oficina Técnica y el suscrito...

"En entrevista posterior, después de habérseme ordenado los Trabajos Técnicos Informativos, al Presidente Municipal de Villa Nicolás Romero, efectuada en compañía del ingeniero Jesús Pérez Ortiz, le interrogamos sobre la existencia o inexistencia de los terrenos comunales reclamados por el grupo de campesinos de esa jurisdicción a su cargo, habiéndonos informado al respecto, que efectivamente los campesinos comuneros se encontraban posesionados de una parte de los terrenos excedentes de la Ex-Hacienda la Encarnación, que inclusive el municipio se interesaba en parte de esos terrenos para la ampliación al Panteón Municipal...

"Por lo tanto, se procedió a girar las convocatorias de rigor que fueron certificadas por el propio Presidente Municipal -se anexan al presente copias de dichas convocatorias-, para efectuar la asamblea general, en donde se darían a conocer con todo detalle los trabajos a realizar y se efectuaría la elección de los Representantes Censales, que deberían intervenir directamente en la elaboración del Padrón del Censo General de comuneros y se haría la declaratoria de iniciación de los trabajos ordenados; en virtud de que en el plano de la primera convocatoria, no ocurrió ningún comunero a ese Recinto Municipal, según lo hace constar esa Autoridad en oficio que se adjunta; se lanzó la Segunda Convocatoria de rigor, esta vez para efectuar la Asamblea General, en el lugar acostumbrado para sesionar por los comuneros o sea dentro de los terrenos en posesión...

"Con fecha 3 de noviembre del año próximo pasado, se llevó a cabo la elección de los Representantes Censales, nombramientos que recayeron en los ciudadanos Justo Olvera Ambrosio y Román Olvera Ambrosio; habiéndose declarado en la misma fecha la Junta Censal, para el levantamiento del Padrón del Censo General de comuneros, que es en poder de los Representantes Comunales...

"De conformidad con la Segunda Convocatoria girada al efecto con fecha 6 de diciembre de 1974, en Asamblea General efectuada con un reducido grupo de campesinos, fueron electos como Representantes de Bienes Comunales los ciudadanos Darío Olvera Martínez y Raymundo Zamora Gómez, como Propietario y Suplente respectivamente, habiéndole ratificado el cargo al primero y nombrando al segundo en sustitución del ciudadano Faustino Cruz Monrroy...

"Por otra parte, se inició el levantamiento topográfico de los terrenos en posesión de los comuneros, habiéndose girado al efecto los citatorios de rigor a los colindantes señalados al suscrito, -se anexan copias de los citatorios al presente, así mismo, se solicitó de la Oficina de Cartografía y Dibujo una copia heliográfica de los planos de ejecución o proyecto de las acciones agrarias de los poblados señalados como colindantes; en relación con los citatorios girados a los colindantes, se manifestó al suscrito que las autoridades de esos poblados se negaron a recibir dichos citatorios; ante tal situación fue necesario hacer una junta con los representantes de cada uno de los poblados colindantes, llegándose a la conclusión de que la negativa de firmar y recibir los citatorios, se debía a que en su mayoría los poblados colindantes tienen pedidos en ampliación de ejido los terrenos excedentes de la Ex-Hacienda La Encarnación...

"Es de hacerse notar también, que al estarse efectuando la localización topográfica de los terrenos señalados como en posesión y precisamente en las estaciones 20 y 21 localizadas a la orilla de la carretera a Tlazala, quedaba una casa de construcción de primera dentro de los terrenos que se localizaban, el suscrito se dirigió a los campesinos preguntando el porqué, ya que, habíamos quedado de que se localizarían únicamente los terrenos que tienen en posesión, habiendo contestado que sus títulos primordiales abarcaban los terrenos donde se encuentra la construcción aludida, por tal motivo, suspendí los trabajos con el fin de volver a platicar con ellos y puede darme cuenta también, que de acuerdo con el caminamiento que llevamos iban a quedar incluidas también, dentro de los terrenos que se localizaban las dos secciones de la Colonia del Fraccionamiento "Loma del Río", totalmente urbanizado, pero semi-habitado, pues son pocas las casas totalmente terminadas y habitadas. En entrevista con el Recaudador de Rentas, de las Oficinas que se encuentran en el mismo edificio de la Presidencia Municipal, nos informó al respecto y quedó de hacerlo por escrito, que en esa Oficina a su cargo no existen antecedentes de pago de impuestos por los terrenos del Fraccionamiento y que por lo tanto, no se sabía de momento a nombre de quién se encontraba inscrito...

"Es de hacer de su conocimiento, que durante el inicio de los trabajos técnicos, de la noche a la mañana, aparecieron letreros en el casco de la Ex-Hacienda y en los terrenos del Fraccionamiento "Loma del Río", con la leyenda de "Este terreno está intervenido por el Gobierno del Estado de México", pero que no hubo persona alguna que hablara con el suscrito en relación con los terrenos de que se trata...

"En junta posterior ratifiqué de nueva cuenta, que de acuerdo con los trabajos ordenados al suscrito, únicamente debía localizarse el área en posesión, o sea lo que se refiere a las superficies ocupadas por sus casas, terrenos de pasteo y área de trabajo, para que se les reconociera y titulara y que posteriormente debían solicitar por la vía de restitución, con base en sus títulos primordiales, la superficie ocupada por particulares; en dicha junta se hizo del conocimiento del suscrito, que estaban de acuerdo de que se procediera en la forma indicada; en virtud de que por los problemas detallados en el cuerpo del presente informe, no fue posible la terminación de los trabajos ordenados, dentro del plazo señalado al efecto, el suscrito solicitó de usted una ampliación al plazo de 10 días más, inclusive sin cobrar viáticos y por la proximidad del periodo de vacaciones de fin de año, la autorización para concluir los trabajos durante el periodo vacacional, lo que se denegó al suscrito, por cierto de no muy buena forma...

"Anexo al presente dos carteras de campo, copias heliográficas de los ejidos señalados como colindantes, copia fotostática de los títulos primordiales del poblado de referencia y de la documentación que se menciona en los diferentes párrafos..."

7.- La Dirección General de Bienes Comunales de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 604339 de fecha cuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco, comisionó al ciudadano ingeniero Mario H. Pérez Quintero para que llevara a cabo la ejecución de trabajos técnicos e informativos en el poblado de Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, el cual rindió su informe el doce de noviembre del citado año, en los siguientes términos: "...Consistieron en el levantamiento de una línea orientada que parte de un lugar denominado "Tres Piedras" (que según dicen los títulos de este poblado era una esquina o vértice (SW) del lindero comunal), siguiendo una línea quebrada con rumbo NE y con distancia medida de 11,965 mts. se llegó a un lugar denominado "La Estancia" y donde según los vecinos de más edad y nativos del lugar dan fe de que en ese lugar se encontraba "La Ermita" (también señalada en los títulos) y que era precisamente el centro de los terrenos comunales. Ahora bien dicen ellos que el lindero se reconocía en línea recta de "Tres Piedras" a "La Ermita"; pero por lo accidentado el terreno para llevar en línea recta esta línea se trazó en la forma descrita anteriormente y por diferencia de coordenadas se precisó estos dos puntos, comprendiendo esta línea una longitud de 10,421.22 Mts. y que según dicen los comuneros es la mitad del lindero Este-Oeste que originalmente comprendían sus bienes comunales y que en la actualidad les han sido mermados por ejidos ampliaciones y fraccionamientos, sin que se den cuenta los comuneros en la forma que se los han venido adjudicando los demás poblados y fraccionamiento...

APARATOS UTILIZADOS

"Para la localización de "La Ermita", fue utilizado un aparato teodolito marca Rossbach de un minuto de aproximación en ambos círculos de constante grande 100 y c (lente analáctico) cero, dos estadales contesimales de 4 metros de longitud; haciéndose dobles lecturas angulares, estadimétricas y en la brújula. Utilizándose también cinta de acero de 50.00 Mts. la orientación se llevó a efecto por el método de alturas absolutas del Sol.

ANTECEDENTES

Iniciación: Por petición 14/enero/1915.

Dictamen de autenticidad de títulos: 25/iv/45.

Res. Pres.- 19/VII/50.

Diario Oficial: 24/X/56, negando la confirmación y Titulación de los Bienes Comunales.

Propiamente esta acción fue dotatoria; pero los comuneros con derechos a salvo, se niegan a que haya otra solicitud para la Confirmación de Bienes Comunales, argumentando que con la misma solicitud de la dotación deben confirmarse sus bienes comunales; pues de otra manera sus derechos serían nulificados; pues se daría entrada al Reconocimiento de los fraccionistas y seudo propietarios quienes les han venido invadiendo sus terrenos.

"Fue comisionado por esta Dirección el ciudadano ingeniero Eduardo González Valle para que llevara a efecto el levantamiento de los predios que los comuneros tienen en posesión pero inexplicablemente el comisionista suspendió sus trabajos, sin que rindiera un informe al respecto, por lo que es absolutamente necesario comisionar personal que lleve a cabo estos trabajos técnicos informativos, ya que conforme la localización de "La Ermita" se da por hecho que lo aseverado por los comuneros, concuerda con lo descrito en los títulos.

COMPENDIO DE LOS TITULOS

"La comunidad cuenta para su defensa con certificado del Director del Archivo General y publicación en el Periódico Oficial de la Nación de fecha 4 de mayo de 1916, en el que dice que en la fecha citada se presentó el ciudadano Roberto Jacome en representación de los vecinos del pueblo de San Pedro Atzcapotzaltongo (Hoy "Villa Nicolás Romero") haciendo formal donación de un documento original que contiene las diligencias de una merced hecha el año 1579 de 4 caballerías de tierra a Bartolomé Cano en términos de dicho pueblo el cual con el escrito presentado y preveído a él recayó en el tenor siguiente:

"El Sr. Jacome dona un cuaderno de documentos 51 fojas útiles, conteniendo diligencias hechas en el año 1579 de 4 caballerías de tierra a Bartolomé Cano en términos de dicho pueblo en diez fojas útiles y la composición de tierras y aguas del referido pueblo hecha en 1528 en 41 fojas útiles.- Del informe que rinde el ciudadano Cristóbal de Tapia en el mes de diciembre de 1579, se desprende que en su opinión sean entregadas al ciudadano Bartolomé Cano las 4 caballerías que solicita en términos: de su estancia las cuales son en término de Escapuzaltongo y Quahuacan apartada de población de indios por lo cual y por lo cual por ser dentro del término de su estancia no hubo contradicción. Las dos caballerías de ellas son de una loma que corre de Oriente a Poniente viniendo por el camino real que va de Cuautitlán Acahuacan y a Chapa a la mano izquierda avista de la dicha estancia que se haya en términos de Escapuzaltongo y las otras más adelante yendo por el dicho camino a la mano derecho en un cerro alto aguas vertientes al Norte que con el término de Cahuacán lo cual todo vi por vista de ojos y por no haber perjuicio ni contradicción no se hizo información de partes y siendo vuestra Excelencia servido se le puede hacer la dicha merced de las 4 caballerías.

De la otra copia certificada del Archivo General y público de la Nación relativos a la Villa de Nicolás Romero (antes San Pedro Atzcapotzaltongo, Distrito de Tlalnepantla, del Estado de México de fecha 13 de enero de 1915, se desprende lo siguiente: "...Por mandado del Virrey Dn. Antonio de Mendoza con fecha 2 de enero de 1568, el Marquez de Palces y cometiendo la práctica de las diligencias a el Alcalde Mayor de Tezcuco, se dio posesión a los indios Macequiales de tres caballerías de tierra por cada viento que corre desde la cita Hermita que es el centro por el Norte hasta 3 piedras largas muy grandes que tenían puestas por mojoneras, por el Sur hasta un árbol muy elevado que le dicen cedro, en cuyo lugar se hallaba fija una cruz de madera en señal de lindero, por el Oriente hasta una cerca de magueyes silvestres a que los indios dicen Tatepanta y por el Poniente hasta un árbol nombrado amacaquatla quedando asentado en el centro de estas tierras del pueblo. (los anteriores datos se encuentran en las fojas 8 y 9).- A los dueños de las Haciendas les fue ordenado que retiraran 2,000 pasos de la marca conforme a la ordenanza las estancias que tuvieran a linde el pueblo.- Se desprende asimismo que los dueños de las haciendas de Tepujaco, Santiago, La Encarnación y Milino de San Ildefonso, se han introducido sucesivamente a las tierras del pueblo...

CENSO GENERAL DE COMUNEROS

"Asimismo levanté Censo General de Comuneros, encontrándome con que gran parte de éstos han tenido necesidad de bajarse a vivir a la zona urbana del Ejido de Villa Nicolás Romero, así como a sus alrededores, en virtud de las amenazas y constantes persecuciones por parte de los seudo propietarios; pero con todo y esto no han abandonado sus tierras de labor por lo que continúan sembrando maíz y frijol en terrenos en monte alto laborable. En la actualidad han venido sembrando papa y camote con buenos resultados.- Fijé cédulas notificatorias a los dueños o presuntos propietarios de tierras dentro de esta Comunidad en la Presidencia Municipal de Villa Nicolás Romero, del Estado de México sin que ninguno se presentara hacer reclamación o a informarse sobre el particular..." (foja 23 a 26 del legajo 4)

Del acta de clausura de trabajos censales de fecha veintisiete de abril de mil novecientos setenta y cinco, se desprende que el censo quedó constituido en siete fojas debidamente rubricadas y firmada la última de ellas, con un total de 756 habitantes, clasificados en 159 jefes de familia y 36 jóvenes mayores de dieciséis años, de cuya revisión se llegó al conocimiento de que solamente 130 individuos reúnen los requisitos establecidos en el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, siendo los siguientes:

1.- Lorenzo Aguilar Martínez.

2.- Antonio Reyes Vilchis.

3.- Juan Manuel López González.

4.- Enrique Nava Gómez.

5.- Juan García Roa.

6.- Cayetano Almazán Vilchis.

7.- Víctor Hernández Flores.

8.- Mónico González Robles.

9.- Anastasio Abelar Guardado.

10.- Nicanor Mireles Ocalis.

11.- Ricardo Garrido Cruz.

12.- J. Guadalupe Cruz Robledo.

13.- Camilo Cruz Reyes.

14.- Angel Rosas Franco.

15.- Odilón Ambrosio Barreto.

16.- Román Olvera Ambrosio.

17.- Vicente Retana Ramírez.

18.- León Lora Jasso.

19.- José González Alanís.

20.- Torivio González Peralta.

21.- José Martínez Rueda.

22.- Macario Cruz González.

23.- Román Ambrosio Barreto.

24.- Joel Ortiz Espinoza.

25.- Julio Navarro Domínguez.

26.- Brígido Lora Jasso.

27.- Guillermo Angeles Escobar.

28.- Martín Flores Moreno.

29.- Benigno Vilchis Vargas.

30.- Felipe Suárez Márquez.

31.- Pedro Rueda Fonseca.

32.- Alberto Guadarrama Jiménez.

33.- Simón Arvizo Ambrosio.

34.- Francisco Lucas Domínguez.

35.- Javier Rueda Manzano.

36.- Gerardo Baltazar Lugo.

37.- Carlos de la Portilla Montaño.

38.- Felipe Olvera Martínez.

39.- Jorge Ruedas Fonseca.

40.- Rogelio Ruedas Fonseca.

41.- Emiliano López Robledo.

42.- Reybaldo González Rosas.

43.- Rigoberto González Rosas.

44.- Pedro González Rosas.

45.- Edgar Chanes García.

46.- Juan Avila Cadena.

47.- Juan Lora Martínez.

48.- León Monroy Paredes.

49.- Ariel Fuentes Jiménez.

50.- Geraldino Fuentes J.

51.- R. Jorge Gómez Lara.

52.- Juan Mariano Gómez Lara.

53.- A. Ignacio Gómez Lara.

54.- Gerardo Fuentes Panana.

55.- Mariano Gómez Nájera.

56.- Alfredo Ríos Martínez.

57.- Felipe Sánchez Monje.

58.- Ernesto Alonso Trejo V.

59.- Vicente Chávez Sintura.

60.- Alejandro Vega Gudiño.

61.- Luis Rivero Juárez.

62.- Miguel Agustín Rebollar.

63.- Apolinar Franco Rosas.

64.- Cesario Diego Rueda.

65.- Francisco Escalona Almazán.

66.- Simón Gómez Hernández.

67.- Cirilo Primero Santiago.

68.- Domingo Paredes Monroy.

69.- Juan Franco Rosas.

70.- Pedro Blas González.

71.- Julio González Castrol.

72.- Salvador Martínez Almazán.

73.- Guillermo Dávila Domínguez.

74.- Valentín Baltazar González.

75.- Julián Vargas Jordán.

76.- Apolinar Chávez Villavicencio.

77.- Miguel Angel Trejo V.

78.- Manuel Jiménez Vargas.

79.- Julio Castro Olvera.

80.- Delfino Quezada Guerrero.

81.- Luis Márquez Vilchis.

82.- Pascuala Vargas Martínez.

83.- Isidro Aguilar Vargas.

84.- Guillermo Martínez Rueda.

85.- Francisco Correa Navarrete.

86.- Fidel Velázquez Ortiz.

87.- J. Luis Mondragón Larios.

88.- Guadalupe de la Luz Nicolás.

89.- Ignacio Almazán Vilchis.

90.- Ricardo Reyes González.

91.- Ernesto Ambrosio Barreto.

92.- Marcelino Chávez González.

93.- Antonio Gómez Alvarez.

94.- Gilberto Ríos Honorato.

95.- León Vargas González.

96.- Simón Guerrero Espinoza.

97.- Rogelio Miranda Medrano

98.- Mardonio Domínguez Paredes.

99.- Pedro Cruz Reyes.

100.- Alfredo Sánchez Tello.

101.- Alfredo Rosas de Jesús.

102.- Vicente Almazán Cid.

103.- Enrique Martínez Castellanos.

104.- Francisco Arvizu Ambrosio.

105.- Eleuterio Rojas Sánchez.

106.- Roberto Diego González.

107.- Justo Olvera Ambrosio.

108.- Candelario Olvera Ambrosio.

109.- P. Rogelio Rosas Nolasco.

110.- Gildardo Barriga Ramírez.

111.- Trinidad Vega Barrera.

112.- Trinidad Vega Vargas.

113.- Manuel Rosas Sánchez.

114.- Arturo Sánchez García.

115.- Jesús Ruiz Calixto.

116.- Enrique Ruiz Santos.

117.- Juan José González Rojas.

118.- Félix Casandón Vázquez.

119.- Eulalio Barrera Maldonado.

120.- Manuel Sánchez de la V.

121.- Jorge Sánchez Jasso.

122.- Manuel Sánchez Jasso.

123.- Agustín Sánchez Gutiérrez.

124.- Juan Dávila Montiel.

125.- Raymundo Cruz Ruiz.

126.- Salvador Calixto Cosío.

127.- Amado Ruiz Calixto.

128.- José Martínez Reyes.

129.- Aurelio Cruz Melisa.

130.- Luis Ayala Robles.

(fojas 57 a 86 del legajo 4).

8.- Para llevar a cabo la ejecución de trabajos técnicos e informativos complementarios, la Dirección de Bienes Comunales de la Secretaría de la Reforma Agraria, comisionó al ciudadano ingeniero Mario H. Pérez Quintero, quien con fecha veinticinco de junio de mil novecientos setenta y seis rindió su informe en los siguientes términos: "...Me dirigí al poblado de referencia, el cual se localiza al Suroeste de la Villa de Nicolás Romero, aproximadamente a unos tres kilómetros y medio, por camino vecinal que conduce al poblado Cahuacán, lugar donde se localiza los terrenos comunales que tienen en posesión los vecinos de la comunidad de Villa Nicolás Romero, del Municipio y Estado anteriormente citado; debo aclarar que ya en ocasión anterior fui comisionado para llevar a efecto los trabajos Administrativos Censales, así como también la localización de un lugar conocido por "Tres Piedras" al lugar denominado "La Estancia" que según los comuneros eran la mitad de un viento que de Oeste a Este se consideraban como el señalamiento de los Bienes Comunales, sobre esto ya con anterioridad entregué expedientillo e informe, mismos que obran en el Archivo Central de esta Dependencia...

"Una vez que fijé las convocatorias de Ley, para que tuvieran conocimiento los dueños o encargados que tuvieran o reclamaran predios, dentro del perímetro considerado como perteneciente a los Bienes Comunales, procedí a llevar a cabo la localización del perímetro comunal por confirmar, para lo cual utilicé lo siguiente:

TRABAJOS DE CAMPO

"Para la localización del perímetro, utilicé un aparato marca KEUFFEL con constante grande igual a 100 y constante chica igual a 0.25, de aproximación de 1' en ambos círculos, cinta de acero de 30.00 Mts., así como 2 estadales centesimales tipo charnela de 4.00 Mts. de longitud; así como 2 balizas...

"Se dio principio el caminamiento en un punto que es trino entre los terrenos del Casco de protección a la Hacienda, del Ejido de Villa Nicolás Romero y los comunales de este mismo nombre, habiéndose levantado acta de conformidad de linderos con el Ejido no así con los propietarios o encargados del casco de la Hacienda, pues éste se encuentra abandonado.

ACTAS DE CONFORMIDAD

"Fueron levantadas actas de conformidad con el Ejido de Villa Nicolás Romero y con la comunidad denominada Transfiguración habiéndose citado a los vecinos del poblado de Cahuacán quienes ocurrieron a la cita, sin que firmaran el citatorio, me informaron que me iban a permitir proseguir con el levantamiento, sobre todo por la colindancia que los vecinos de la comunidad me señalaran; pero que ellos no firmarían actas de conformidad o de inconformidad hasta no ser citados por la Oficina de Avenimiento de esta Dirección pues ellos tienen solicitada la ampliación de su Ejido dentro de los terrenos comunales de Nicolás Romero, y en virtud de que ellos ya tienen instaurado el expediente de primera ampliación y los trabajos sobre el particular se encuentran en trámite en la Delegación Agraria en Toluca México, ellos esperan que esta Dependencia resuelva lo conducente al respecto.- Fue localizada la parte Sur de la poligonal la colindancia con el Río Grande, Cuautitlán o Panales, quedando más al Sur la comunidad de San Miguel Ila y pequeñas propiedades, pero tomando en consideración que la conlindancia es el Río Grande hubo necesidad de levantar actas de conformidad por encontrarse la citada comunidad y las propiedades de la parte Sur del levantamiento...

"No fue sino ya después que se terminaron los trabajos Técnicos cuando la Compañía Financiera Nacional Mexicana S.A. presentó ante esta Dirección documentación relativa al Fraccionamiento denominado Loma del Río, informando que esos terrenos pertenecían a la citada Compañía, habiéndome proporcionado el representante de la compañía dos copias heliográficas de la primera y segunda sección del Fraccionamiento de Loma del Río; traté de ubicar dentro del plano que levanté los terrenos del fraccionamiento, no habiendo sido posible esto, en virtud de que dichas copias realmente son fotografías de los referidos planos, desconociéndose la verdadera escala; sin embargo tomando en consideración que la primera sección comprende 800,000 m2 y la segunda 672,360 m2, suman 1,472.360 m2; superficie que si la oficina de Estudio y Dictámenes considera previo estudio
que esta superficie sea descontada de la superficie que encierra la poligonal de los Bienes Comunales de Nicolás Romero, misma que planimétricamente arrojó un total de 743-80-00 Hs. menos 1,472,360 m
2 quedarían en realidad por confirmarse
596-56-40 Hs...

"Debo hacer la aclaración de que los comuneros se opusieron a que fuera delimitada la superficie del Fraccionamiento Loma del Río, así también que se llevara a efecto la localización de estos terrenos, para lo cual argumentaron que dicho Fraccionamiento se localizaba dentro de sus terrenos comunales y que desconocían la forma y manera en que fue constituido...

"Asimismo debo informar que dicho fraccionamiento se encuentra lotificado, cuyos lotes se encuentran construcciones de varios miles y aun millones de pesos; las calles fueron pavimentadas y se presume que en otra época contaba con todos los servicios urbanos necesarios; sin embargo en la actualidad estos servicios se encuentran en abandono...

"Inicialmente levanté las actas de conformidad y el acta de clausura, las cuales aparecen como representante legal el ciudadano Licenciado Arturo Rubí Rubí; sin embargo por intervención de los Veteranos de la Revolución, se opusieron a que dichas actas fueran firmadas por el mencionado licenciado, por lo que hubo necesidad de levantar nuevas actas de conformidad las cuáles se anexan a efecto de que la Oficina de Estudios y Dictámenes determine cuáles son las aceptadas..." (fojas 315 a 317 del legajo 20)

9.- Los trabajos técnicos e informativos ejecutados por el ciudadano ingeniero Mario H. Pérez Quintero, fueron revisados por el ciudadano ingeniero Enrique Gutiérrez Toraya, de la Dirección de Bienes Comunales, quien en su informe de ocho de julio de mil novecientos setenta y seis manifiesta lo siguiente: "...Tomando en consideración que estos trabajos fueron levantados conforme al instructivo técnico en vigor, soy de opinión salvo la más acertada de la superioridad, de que estos trabajos técnicamente sean aceptados sin observaciones pero que como lo informa el operador, es necesario que la oficina de Estudios y Dictámenes estudie la documentación relativa al fraccionamiento de Loma del Río, en el caso supuesto de que este fraccionamiento resulte ilegalizado, se descontarían 1,472,360 m2, que comprende las dos fracciones de este fraccionamiento, confirmándose para la comunidad un total de 596-56-40 hectáreas; siendo también necesarios que los ejidatarios de Cahuacán, conjuntamente con los vecinos comuneros de Nicolás Romero, sean citados por la oficina de avenimiento, para delimitar el lindero de ambos poblados para levantar el acta de conformidad; por último considero que en virtud de que Río Grande de Cuautitlán, o también denominado Panales, es considerado como lindero, no son necesarias para la aprobación de este expediente las actas de conformidad con las pequeñas propiedades en parte del ejido de San Miguel..." (foja 144 a 146 del legajo 8)

10.- El ciudadano doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, Director del Instituto Nacional Indigenista, mediante oficio número 3769 de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y seis, a nombre de dicho instituto, emitió su opinión en relación con la acción agraria de referencia, proponiendo se reconozcan y titulen a favor de la comunidad de Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, la superficie de
743-80-00 hectáreas. (fojas 271 a 273 del legajo 20)
.

11.- Comparecieron al procedimiento del expediente de la acción agraria de referencia, en defensa de sus intereses: a) Los ciudadanos Humberto del Olmo Bolde, Rubén Flores Huidobro, Margarita Alvarez Icaza Vázquez Gómez de Vázquez, esta última como albacea de la sucesión de su madre la señora Margarita Vázquez Gómez viuda de Alvarez Icaza; Vicente Morales Ojeda, como representante legal de la empresa IMAPA, S.A.; Alejandro Frangos Mayorga en representación del ciudadano Antonio Frangos Mayorga, personalidad que acreditan la albacea y los anteriores mandatarios con las copias de los testimonios que acompañan; Silvia Valle Flores de Rojas, Antonio Iza Jorge y María Teresa Parres de Iza, mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y siete, presentado el diecinueve del mes y año mencionado, en el que manifiestan: Que los terrenos que la comunidad de Villa Nicolás Romero pretende le sean confirmados y titulados, no corresponden a los que se refieren los títulos exhibidos por dicha comunidad, por lo que no son ni han sido jamás propiedad de la misma; que lo anterior se comprueba con los textos de las siete resoluciones presidenciales, relativas a la Ex-Hacienda de La Encarnación, en donde se localizan sus respectivas propiedades, en las que, por lo que respecta al poblado de Villa Nicolás Romero, en cuatro de ellas se les ha negado la restitución y la confirmación de bienes comunales, tanto por no haberse acreditado despojo alguno, como porque los terrenos que amparan los títulos comunales, únicos que han sido reconocidos como auténticos se sitúan en la zona urbana de dicho poblado y, en parte, en el ejido del mismo, estando, por lo tanto debidamente protegidos; lo anterior independientemente de que en tales resoluciones presidenciales se indica expresamente la carencia de fincas afectables en un radio de siete kilómetros, en donde consecuentemente, se sitúan los predios que son de su pertenencia; que por su superficie y calidad los ocursantes representan conjuntamente quinientas cuarenta y cuatro hectáreas de monte, que se les reconoce su carácter de inafectables, conforme a la Ley de la materia; que las otras tres resoluciones presidenciales similares a las anteriores, fueron promovidas por el poblado de Santa María Magdalena Cahuacán del Municipio de Villa Nicolás Romero y, en el considerando primero de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de julio de mil novecientos diecinueve se observan los antecedentes como propiedad particular de la Ex-Hacienda de La Encarnación; que los terrenos que el Comité Particular de la comunidad de Villa Nicolás Romero pretenden le sean reconocidos como de su propiedad comunal, en su mayor parte les pertenecen a ellos en pleno dominio, ya que forman parte de la fracción uno de la Ex-Hacienda de La Encarnación de 768-00-00 hectáreas, habiendo adquirido el dominio de estas tierras legítimamente, ejercitando hasta la fecha la posesión material y jurídica que les corresponde, por lo que las ocupaciones violentas de que han sido objeto no son otra cosa sino simples despojos arbitrarios ejecutados principalmente con fines de lucro mediante enajenaciones fraudulentas; que en su mayor parte sus respectivos títulos de propiedad ya los acompañaron en los escritos de oposición que individualmente dirigieron a la Dirección General de Bienes Comunales, en contra de la existencia del procedimiento de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales; que por otra parte las porciones de terreno que tienen legítimamente adquiridas, por estar amparados con los títulos de propiedad antes referidos y que demuestran el dominio en su favor, cada una de dichas porciones resulta inafectable, tanto por la superficie que comprende cada una, como por su calidad que es de monte, conforme a la fracción XV del artículo 27 constitucional y a los preceptos contenidos en los artículos 249, 250 y 256 de la Ley Federal de Reforma Agraria; que tomando en consideración lo antes expuesto, resulta obvio que los arbitrarios despojos que han venido padeciendo en parte de sus respectivas pertenencias y posesiones, que comenzaron a partir del mes de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, han sido realizados por un grupo artificiosamente organizado principalmente por Darío Olvera Martínez y Genaro Dávila; que el informe del ciudadano ingeniero Mario H. Pérez Quintero, del veinticinco de junio de mil novecientos setenta y seis es falso por las razones y motivos que exponen en su escrito, por lo que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos; que conforme al artículo 359 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el comisionado debió tomar como base principal de la localización de la supuesta propiedad comunal los datos contenidos en los títulos exhibidos por el poblado, los cuales habiendo sido una Merced Virreynal del siglo XVI, mencionan claramente que se le conceden al poblado de Atzcapotzaltongo (hoy Nicolás Romero) tres caballerías por cada viento, partiendo como punto central de referencia de la Ermita del lugar, o sea que lo anterior equivalía a un predio cuadrado con superficie de 513-54-00 hectáreas, cuyo punto central es la primera iglesia que hubo en el pueblo y, en sus terrenos nunca existió ni existe Ermita alguna; por lo que solicitan el sobreseimiento de la solicitud de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del poblado que nos ocupa, por improcedente; ofreciendo como pruebas para acreditar su dicho siete fotocopias de la publicación de siete resoluciones presidenciales, así como copias fotostáticas certificadas: de la sentencia dictada en las causas penales número 60/975 y 100/975 por el delito de despojo cometido en agravio de Humberto del Olmo Bolde y coagraviados, por los ciudadanos Darío Olvera Martínez, Evaristo Ramírez Martínez y Edmundo Zapata Góngora, por el ciudadano Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, de fecha veinte de septiembre de mil novecientos setenta y seis; de la escritura número 29112 de fecha dieciocho de enero de mil novecientos setenta y cuatro, relativa a la adjudicación por remate que otorga el ciudadano Juez Décimo de lo Civil en el Distrito Federal, en rebeldía del ciudadano licenciado Ignacio Alvarez Icaza, en favor del señor Humberto del Olmo Bolde; del testimonio de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, de compra-venta y liberaciones, celebrado entre los señores René Duclaud Castañeda, representante de "Agricultura y Transportes", S.A. y Lic. Javier Alvarez como endosatario en procuración de "Inversiones Industriales de Occidente", S.A.; de la escritura número 23990, de fecha doce de enero de mil novecientos setenta y uno, relativa a la aceptación de herencia y la radicación de la sucesión testamentaria a bienes de la señora Margarita Vázquez Gómez viuda de Alvarez e Icaza, que otorgan el licenciado Ignacio Alvarez e Icaza Vázquez Gómez y la señora Margarita Alvarez e Icaza de Vázquez Guerrero; del testimonio del acta número 1495, de fecha diez de febrero de mil novecientos setenta, en el que se contiene la protocolización de un acta de la Asamblea General de Accionistas de "IMAPA, S.A." y poder general conferido por la misma en favor de los señores Vicente Morales Ojeda y Licenciado Ignacio Alvarez Icaza; del poder general de fecha diecisiete de enero de mil novecientos cincuenta y siete, otorgado ante Notario Público por el ciudadano Antonio Frangos Mayorga en favor de Alejandro Frangos Mayorga; del contrato de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y dos, celebrado ante el ciudadano licenciado Emilio Raz Guzmán, titular de la Notaría Número cuatro del Distrito Federal, por una parte el ciudadano Ignacio Alvarez Icaza, por su propio derecho y por la otra el ciudadano Alejandro Frangos Mayorga como apoderado del señor Antonio Frangos Mayorga y de una última parte por el señor René Duclaud Castañeda como representante de "Agricultura y Transportes", S.A.; del instrumento notarial número 20035 de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en el que se consigna que a petición de los señores Rutilo Rojas Rodríguez, en su carácter de albacea y heredero y Silvia Valle de Rojas, Rutilo Rojas Pinedo, Felipe Rojas Pinedo, Julia Rojas Pinedo y Francisco Rojas Pinedo, se hace la aplicación de bienes por herencia en el juicio sucesorio testamentario a bienes de la señora Julia Pinedo de Rojas y, del croquis del terreno de monte alto adquirido en propiedad por la señora Silvia Valle de Rojas, de 489-80-53 hectáreas, de acuerdo con la escritura número 20035 de la Notaría número siete, en Tlalnepantla, México. (fojas 2 a 138 del legajo 6); b).- La gerencia jurídica de Financiera Comercial Mexicana, S.A., mediante escrito de fecha seis de abril de mil novecientos setenta y seis, presentado el doce del propio mes y año, en el que manifiesta: Que el Gobierno Federal representado por esa Institución Fiduciaria, adquirió en propiedad, entre otros, un grupo de lotes de terreno que están ubicados dentro de las secciones primera y segunda del fraccionamiento Loma del Río, por adjudicación judicial que hizo en su favor el ciudadano Juez Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, en un juicio seguido en contra de la compañía Fraccionamientos de Fomento Agropecuario, S.A., que fue quien realizó el expresado fraccionamiento por autorizaciones que le concedió el Gobierno del Estado de México, las cuales se publicaron en las Gacetas Oficiales del trece de julio de mil novecientos cincuenta y siete y catorce de julio de mil novecientos sesenta y dos; que dicha adjudicación en propiedad en favor del Gobierno Federal, se consignó en la escritura pública número 21413 y sus anexos, otorgada el veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, ante el licenciado Heriberto Román Talavera, Notario Público número sesenta y dos en el Distrito Federal, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla, Estado de México, en la Sección Primera, bajo la Partida número 315, Volumen III, Libro III y bajo la partida número 87, Volumen 103, Libro I, el día veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, para lo cual acompaña copia certificada de dicha escritura; que conforme a lo estipulado en la cláusula primera, punto I de la precitada escritura pública, se adjudicaron en propiedad en favor del Gobierno Federal representado por la citada Institución Fiduciaria cuatrocientos sesenta y cinco lotes de terreno de la sección primera del fraccionamiento Loma del Río, que se especifican en la relación contenida en el anexo letra I de la misma escritura y que suman 432,794.54 metros cuadrados; que estos cuatrocientos sesenta y cinco lotes de terrenos tienen los números y superficies y pertenecen a las manzanas números uno a la veintisiete, que se precisan en la mencionada relación y que da por reproducidos; que asimismo les fueron adjudicados en propiedad para entregarlos y transmitirlos al Municipio de Villa Nicolás Romero 226,838.73 metros cuadrados que comprenden las calles, servicios públicos y superficies de donación de la expresada sección primera, conforme al plano de lotificación de la misma que fue autorizado por el Gobierno del Estado de México; que en los términos estipulados en la cláusula primera punto II de la repetida escritura pública, se adjudicaron en favor de dicha Institución como Fiduciaria del Gobierno Federal, quinientos setenta y seis lotes de terreno de la sección segunda del citado fraccionamiento Loma del Río, que se especifican en la relación contenida en el anexo letra J de la misma escritura y que suman 491,358.40 metros cuadrados aproximadamente; estos quinientos setenta y seis lotes de terreno tienen los números y superficies, y pertenecen a las manzanas números veintiocho a la cuarenta y ocho, que se precisan en la mencionada relación; que a la vez les fueron adjudicados en propiedad para entregarlos y trasmitirlos al Municipio de Villa Nicolás Romero 151,501.40 metros cuadrados, que comprenden las calles, servicios públicos y superficies de donación de la expresada sección segunda, conforme al plano de lotificación de la misma, aprobado por el Gobierno del Estado; por lo que de conformidad con lo antes expuesto y en base al título de propiedad que acompaña solicita se respeten los derechos de propiedad que adquirió el Gobierno Federal sobre los terrenos antes citados, los cuales se especifican en la precitada escritura pública. (fojas 147 a 232 del legajo 8); c).- Obran en el expediente además de los ocursos antes mencionados los escritos: De la ciudadana Margarita Alvarez de Vázquez en su carácter de albacea testamentaria de la sucesión de la señora Margarita Vázquez Gómez viuda de Alvarez Icaza, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos setenta y seis, presentado el cuatro de octubre del mismo año. (foja 99 del legajo 10); de Vicente Morales Ojeda como representante de la empresa Imapa S.A. de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y seis. (foja 31 del legajo 10); de los ciudadanos Antonio Iza Jorge y María Teresa Parres de Iza de cuatro de octubre de mil novecientos setenta y seis. (foja 3 del legajo 10); del ciudadano Rubén Flores Huidobro de fecha tres de noviembre de mil novecientos setenta y seis. (foja 460 del legajo 20); de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Campestre "Lomas del Río", S.A. de fechas veintidós de junio de mil novecientos setenta y siete, veintisiete de julio de mil novecientos setenta y ocho y ocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis. (fojas 128, 137 y 230 del legajo 10) y de Silvia Valle de Rojas, de fecha cuatro de julio de mil novecientos setenta y siete. (foja 514 del legajo 20)

12.- El Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de fecha treinta de mayo de mil novecientos setenta y ocho aprobó el dictamen relativo  la acción agraria en referencia, declarándola infundada y negando el reconocimiento y titulación de bienes comunales al poblado de Villa Nicolás Romero, municipio de su mismo nombre, Estado de México (foja 26 del legajo 22). Posteriormente con fecha veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno el citado Cuerpo Colegiado aprobó un nuevo dictamen, que deja sin efectos el de treinta de mayo de mil novecientos setenta y ocho y niega el reconocimiento y titulación de bienes comunales al poblado que nos ocupa.

13.- El Cuerpo Consultivo Agrario por acuerdo de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y tres aprobó un acuerdo, suspendiendo los efectos jurídicos del dictamen aprobado en sesión de fecha veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno y ordenando girar instrucciones al Delegado Agrario en el Estado para que comisionara personal técnico de su adscripción a efecto de investigar y verificar si los comuneros del poblado de que se trata se encuentran dentro de los supuestos a que se refiere el párrafo primero de la fracción VII del artículo 27 constitucional y del artículo 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria y, en caso de comprobar lo anterior, llevar a cabo los trabajos señalados en el artículo 359 del citado ordenamiento legal. En cumplimiento al acuerdo que antecede, el ciudadano Delegado Agrario en el Estado, mediante oficio número 3354 de fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y tres, comisionó al ciudadano ingeniero Antonio Martínez Manríquez, quien con fecha veintiocho de octubre del mismo año rindió su informe del que se desprende lo siguiente: "...Trasladándome al poblado de referencia donde acreditada mi representación en Asamblea General Extraordinaria de fecha 6 de julio del presente año previa convocatoria se explicó ampliamente los trabajos a desarrollar para que la superioridad determine si estos terrenos que se reclaman como bienes comunales están dentro de lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley Federal de Reforma Agraria en vigor, dando lectura al reglamento para la tramitación de expedientes de confirmación y titulación de bienes comunales del 6 de enero de 1958 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero del mismo año y al cual se apegaron estrictamente los trabajos informativos, después de un cambio de impresiones se firmó el acta relativa a el levantamiento de la propiedad comunal y elaboración del Censo General de Población Comunal ya que se carecía de éste se eligieron a los representantes censales recayendo dicho cargo en los ciudadanos Alberto Guadarrama Jiménez y Filiberto Martínez Ortiz, desempeñando su cargo eficazmente, y una vez concluidos los trabajos censales se convocó a una Asamblea General para dar a conocer el resultado de los mismos, recabando información directa de parte de los comuneros respecto a las superficies aproximadas calidad y ubicación de los terrenos de uso común y de los poseídos en lo particular por cada vecino, cabezas de ganado mayor y menor, aves de cada comunero nombre, edad, sexo y ocupación habitual, levantándose el acta de clausura de los trabajos censales quedando constituido en fojas debidamente selladas y rubricadas la última de ellas con un total de 1,718 habitantes, clasificados en 344 jefes de familia, 370 jóvenes mayores de 16 años, 1004 esposas y niños menores de edad sin que resultara ninguna objeción al censo, se lanzó la cédula notificatoria para que los vecinos que se consideren excluidos del censo hagan valer sus derechos debiéndoseles conceder un plazo de 15 días sin que hubieran surgido quejas o reclamaciones considerándose como definitivo en cumplimiento a los artículos 6 y 7 del Reglamento se realizó la elección de los representantes comunales que fueron electos por unanimidad de mayoría de votos propietario y suplente respectivamente, los ciudadanos Darío Olvera Martínez y Anselmo García González, votando únicamente los comuneros censados.

TRABAJOS TECNICOS E INFORMATIVOS

"Principiaron con la elaboración de las notificaciones a los colindantes para el señalamiento de linderos y acompañado el suscrito por los representantes comunales, autoridad municipal así como un numeroso grupo de comuneros procedí a la identificación de los terrenos cuya confirmación se solicita, realizando el levantamiento topográfico en un aparato marca ROSSVACH de un minuto de aproximación en ambos círculos, dos valisas, 4 estadales y una cinta métrica de 50 metros debidamente comprobada, haciéndose lecturas de ambos interiores y la poligonal general arrojó un total de 92 vértices con 45 radicaciones y cumpliendo con el inciso c) del artículo 359 de la Ley Federal de Reforma Agraria y 14 del Reglamento para la tramitación de expedientes de bienes comunales procedí a verificar en el campo los datos que demuestren la posesión y demás actos de dominio realizados dentro de la superficie que se reclama como Bienes Comunales, localizando topográficamente las porciones de terreno pertenecientes en lo particular a los comuneros, parcelas que por lo general son sembradas de maíz, frijol, haba, cebada, alfalfa, maguey, nopal, árboles frutales con un vivero que produce un millón de árboles anuales, propiedad de un comunero en combinación con Protimbos manifestando los comuneros que estas adjudicaciones individuales antiguamente formaron parte de los terrenos comunales, habiendo localizado 413 adjudicaciones individuales las cuales la comunidad acepta y respeta esa adjudicación individual y la superficie de cada una de ellas, habiéndose levantado y firmado el acta correspondiente para la localización de las adjudicaciones individuales, se utilizaron 1710 radiaciones aproximadamente orientando astronómicamente la línea 2 a 3 utilizando para el cálculo el rumbo inverso y anotando en las carteras de campo únicamente los promedios angulares y lineales ubicando automáticamente a 13 pequeñas propiedades...

TRABAJOS DE GABINETE

"Consistieron en el cálculo de una poligonal cerrada hasta obtención de coordinadas y elaboración de plano en papel milimétrico escala 1 a diez mil, quedando determinada la superficie total que reclaman como Bienes Comunales los comuneros de "Villa Nicolás Romero", que es de 772-01-66 hectáreas, de terrenos en general, de las cuales 175-13-00 hectáreas, de Monte Alto y Agostadero, son poseídas por la comunidad como terrenos de uso común, las adjudicaciones individuales o porciones de terrenos poseídos en forma particular por los comuneros suman un total de 469-94-66 hectáreas, de temporal de primera clase en 413 adjudicaciones como teniendo la comunidad de "Villa Nicolás Romero", 645-07-66 hectáreas, en posesión, el resto de la superficie reclamada como Bienes Comunales la ocupan pequeñas propiedades las cuales no han presentado al suscrito copias de la documentación de sus predios haciendo caso omiso de la Cédula de Notificatoria para poseedores de predios enclavados dentro de la superficie comunal con excepción de los representantes de los colonos del Fraccionamiento de "Loma del Río", enclavado dentro de la superficie comunal y que está dividido en dos secciones, la primera sección tiene una superficie de 80-00-00 hectáreas, de las cuales 9-50-00 hectáreas, aproximadamente las tienen en posesión los comuneros de "Villa Nicolás Romero", algunos de los cuales fueron despojados por el Fraccionamiento ya que ellos vivían y sembraban en ese lugar desde antes de la creación de dichos fraccionamientos que fue autorizado por el Gobierno del Estado, según Gaceta de Gobierno de fecha 13 de julio de 1957. La segunda sección del fraccionamiento tiene una superficie de 67-17-59.5 hectáreas, autorizadas por el Gobierno del Estado, según Gaceta de Gobierno de fecha 14 de julio de 1962, superficie que tienen los comuneros en total posesión sembrando los cultivos antes mencionados y presentando el representante de los colonos sin ser el verdadero dueño del fraccionamiento Loma del Río, una copia de las Gacetas de Gobierno antes mencionadas, una copia de los planos de la primera y segunda sección del fraccionamiento y una copia del certificado de inafectabilidad número 02141 de fecha 18 de diciembre de 1942 que ampara una superficie total de 768-00-00 hectáreas, de Monte Alto, manifestando que el resto de la documentación del fraccionamiento y sus secciones, así como el de la pequeña propiedad con el certificado antes mencionado se encuentran en el expediente del ejido de Cahuacán y Transfiguración, así como el de el ejido de Villa Nicolás Romero...

"Del certificado de inafectabilidad del predio denominado "La Encarnación", antes mencionado que ampara una superficie de 768-00-00 hectáreas, de Monte Alto, los comuneros de Villa Nicolás Romero tienen en posesión 645-07-66 hectáreas, sembradas de los cultivos anteriormente mencionados, se me hizo llegar un escrito del ciudadano Sergio Reyes Cerón, mandatario de la señora Silvia Valle de Rojas donde presenta los alegatos y antecedentes que a lo largo del procedimiento ha exhibido, diciendo que se anexa copia certificada del testimonio de la escritura de la propiedad inafectable, lo cual es negativo, ya que no anexó dicho documento...

"Se levantaron las actas de conformidad con las adjudicaciones individuales, el acta de inconformidad con las pequeñas propiedades enclavadas, acta de conformidad de linderos con los ejidos de Cahuacán, Transfiguración y Villa Nicolás Romero..." (fojas 1 a 6 del legajo 21)

14.- Mediante escrito de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, los ciudadanos Darío Olvera Martínez y Anselmo García González, representantes comunales del poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, demandaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos de los ciudadanos Secretario de la Reforma Agraria, Sub-Secretario de Asuntos Agrarios, Cuerpo Consultivo Agrario y Director General de la Tenencia de la Tierra, reclamando de las citadas autoridades, entre otras cosas, la falta de tramitación del expediente de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del referido poblado, así como la omisión de formular el Proyecto de Resolución Presidencial y de someterlo a la consideración del ciudadano Presidente de la República; el Juez Cuarto de Distrito con residencia en la Ciudad de Netzahualcóyotl, Estado de México, a quien correspondió conocer del amparo en cuestión, por sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, dictada en el juicio de amparo indirecto número 7/86-V, resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a los quejosos, para el efecto de que las autoridades responsables en su respectivos ámbitos de competencia, en un plazo de noventa días, culminen con el procedimiento de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, y dicten la resolución que en derecho corresponda; habiendo causado ejecutoria la sentencia de que se trata por auto de fecha nueve de enero de mil novecientos ochenta y siete, por no haber sido recurrida por ninguna de las partes en el término de Ley (fojas 6 a 9 del legajo 30). En cumplimiento a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en referencia, el Cuerpo Consultivo Agrario, con fecha once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, aprobó un dictamen, en el cual en sus puntos resolutivos declara infundada la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, toda vez que los derechos que reclaman se encuentran protegidos por la Resolución Presidencial del veintidós de julio de mil novecientos veintiséis, y la acción en ejercicio fue resuelta por Resolución Presidencial del veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, publicada en el   Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y siete; resoluciones que son definitivas y obligatorias y de carácter irreformable, según tesis jurisprudenciales. (fojas 80 a 94 del legajo 22)

15.- En atención a los requerimientos a las autoridades responsables para que se diera cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo indirecto número 7/86-V y al no haber sido acatados, el ciudadano Juez del conocimiento ordenó se remitieran los autos a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, la Primera Sala del citado Cuerpo Colegiado a quien correspondió conocer del asunto, por acuerdo del catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictado en el incidente de inejecución de sentencia número 23/90, resolvió declarar improcedente el incidente de inejecución de sentencia. (fojas 53 a 84 del legajo 28)

16.- El Cuerpo Consultivo Agrario nuevamente, en cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo indirecto número 7/86-V, en sesión de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos, aprobó dictamen relativo a la acción agraria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, resolviendo declarar infundada dicha acción, así como dejar sin efectos jurídicos los dictámenes aprobados el veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno y once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. (foja 158 a 194 del legajo 22)

17.- En sesión de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó dictamen negativo relativo a la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, en cuyos puntos resolutivos: Da cumplimiento a la sentencia pronunciada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, en el amparo indirecto número 7/86-V; deja sin efectos jurídicos los dictámenes aprobados en sesiones plenarias de fechas treinta de mayo de mil novecientos setenta y ocho, veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno, once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho y veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos y, declara improcedente la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales intentada por el poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, en razón de que no guarda de hecho ni por derecho el estado comunal, respecto de la superficie que reclama como tal. (fojas 14 a 52 del legajo 30)

18.- Los representantes comunales del poblado en referencia interpusieron recurso de queja contra actos de las autoridades señaladas como responsables en el amparo número 7/86-V y, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México a quien correspondió conocer del mismo, por resolución de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió declarar fundado el recurso de queja interpuesto por los representantes de Bienes Comunales del poblado Villa Nicolás Romero; fundándose para ello en las siguientes consideraciones: "... En las condiciones apuntadas procede declarar fundado el recurso de queja planteado, estimando que existe defecto en la ejecución de la sentencia emitida en este juicio de garantías, puesto que a la fecha no se ha cumplido íntegramente con lo ordenado en la ejecutoria de amparo pues no se ha dictado la resolución definitiva en el multicitado expediente agrario de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del poblado de Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, conforme a los numerales antes invocados; por lo que se requiere a la autoridad substituta Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México para que en forma inmediata resuelva en definitiva tal expediente". (foja 110 a 119 del legajo 30)

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. fracción II y 18 fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 27 fracción XIX de la Constitución General de la República y tercero transitorio del decreto de tres de enero de mil novecientos noventa y dos, que reformó dicho precepto constitucional, publicado en el  Diario Oficial de la Federación  el seis del mes y año citados; 1o., 163, tercero y cuarto transitorio de la Ley Agraria, así como en el acuerdo del Tribunal Superior Agrario que establece Distritos Jurisdiccionales en la República para la impartición de la Justicia Agraria, publicado en el   Diario Oficial de la Federación  el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que define la competencia territorial.

SEGUNDO.- En el presente asunto se da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo número 7/86-V, dictada el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, así como a la resolución dictada en la queja por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, por la que se requiere al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito con residencia en Naucalpan, para que en forma inmediata resuelva definitivamente el expediente.

TERCERO.- En el procedimiento de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, se observaron las disposiciones contenidas en los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria. Asimismo los propietarios de predios ocurrieron al procedimiento aportando pruebas y alegatos en defensa de sus intereses, por lo que, en el presente caso quedaron satisfechas las garantías de audiencia y legalidad previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.- Seguido que fue el trámite del expediente de que se trata, en el que se realizaron los Trabajos Técnicos e Informativos, levantamiento del censo general de población comunera y notificaciones previstas en la Ley Federal de Reforma Agraria, el Pleno del Cuerpo Consultivo Agrario en sesiones de fechas treinta de mayo de mil novecientos setenta y ocho, veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y uno, once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos y veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, emitió dictámenes negativos en relación con el expediente de la acción agraria en referencia, en los cuales se declara improcedente la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, que de oficio se instauró por el entonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretario de la Secretaría de la Reforma Agraria, en razón de que el citado poblado no guarda de hecho ni por derecho el estado comunal respecto de la superficie que reclama le sea reconocida y titulada como Bienes Comunales.

QUINTO.- En cuanto a los títulos primordiales en que se apoya la comunidad de Villa Nicolás Romero para promover el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, en la hoja cinco del dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario aprobado en sesión de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, se señala: "Que los títulos aportados por la comunidad que nos ocupa, por dictamen paleográfico de fecha veinticinco de abril de mil novecientos cuarenta y siete fueron declarados auténticos y se refieren a Merced expedida en favor de los naturales del anterior núcleo el día once de julio de mil quinientos cuarenta y cinco, constando éstos de tres caballerías de tierra por cada viento; el catorce de enero de mil quinientos cincuenta y tres, el Virrey Don Luis de Velazco aprobó las diligencias respectivas; posteriormente el día trece de diciembre de mil quinientos sesenta y siete, el nuevo Virrey Don Gastón Peralta ordenó se amparara a los naturales de dicho poblado de las tierras que poseía, finalmente fueron aprobadas las medidas de deslinde en el año de mil quinientos sesenta y ocho; comprendiendo la superficie titulada al poblado, en la época colonial un cuadrado de doce caballerías, que en medidas actuales son aproximadamente 513-54-00 hectáreas"; obrando asimismo en el expediente dictamen paleográfico de dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y siete (fojas 2 del legajo 11) emitido por la Oficina de Paleografía de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en relación con las copias certificadas expedidas por el Archivo General de la Nación el veinte de junio de mil novecientos dieciséis de los títulos de la comunidad en comento, en cuyo dictamen se concluye que las diligencias a que se refieren dichas copias son auténticas.

Por otra parte, entre los antecedentes que integran el caso del expediente que analizamos, encontramos las siguientes resoluciones: a).- Por Resolución Presidencial de veintidós de julio de mil novecientos veintiséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre del propio año, se le niega al poblado en cuestión la restitución de tierras que solicitó al no haber comprobado la fecha y forma de despojo de las tierras solicitadas en restitución, al manifestarlo así los propios comuneros en su escrito de veinticuatro de agosto de mil novecientos diecisiete, en el sentido de que carecían de datos relativos al despojo de sus tierras, lo que dio lugar a que el procedimiento se revirtiera a dotación de ejido, que fue resuelta por el citado fallo presidencial, concediéndole a dicho poblado una superficie por tal concepto de 1,088-00-00 hectáreas.

b).- Por Resolución Presidencial de once de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, publicada en el  Diario Oficial de la Federación  el veinticinco de abril del mismo año, se le niega la ampliación de ejido al poblado que nos ocupa, por la carencia de fincas afectables dentro del radio legal de siete kilómetros.

c).- Por Resolución Presidencial de diecinueve de junio de mil novecientos cincuenta, publicada en el  Diario Oficial de la Federación  el veintiuno de noviembre del citado año, se le niega nuevamente la segunda solicitud de ampliación de ejido en que se revirtió el segundo intento de restitución de tierras que en principio solicitó el mencionado poblado, por falta de fincas afectables; especificándose en el considerando único del precitado fallo presidencial que la restitución de tierras solicitada es improcedente por no justificar los interesados la fecha y forma de despojo de las tierras reclamadas, razón por la que se revirtió la acción restitutoria a la de segunda ampliación.

d).- Por Resolución Presidencial de veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, publicada en el  Diario Oficial de la Federación  el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y siete, se le negó al multicitado poblado la confirmación y Titulación de Bienes Comunales que pretendió se le reconocieran.

Especificándose en el resultando segundo de la resolución mencionada: "...Que por resolución definitiva de fecha veintidós de julio de mil novecientos veintiséis se dotó al núcleo ejidal promovente con una superficie total de 1,088-00-00 hectáreas de temporal, dentro de cuya superficie quedaron enclavadas las tierras que amparan los títulos presentados por dicho poblado; y que la opinión de la Dirección de Tierras y Aguas del Departamento Agrario es en el sentido de que debe negarse la confirmación y titulación de las tierras mencionadas en virtud de que éstas se encuentran debidamente amparadas con la Resolución Presidencial de fecha veintidós de julio de mil novecientos veintiséis, que se dictó al resolverse el expediente de dotación para dicho núcleo..." y en el considerando único del mismo fallo se señala: "Tomando en cuenta que los terrenos que amparan los títulos de propiedad presentados por el poblado solicitante, quedaron incluidos dentro de la superficie que le fue concedida a dicho núcleo por Resolución Presidencial de fecha veintidós de julio de mil novecientos veintiséis y por lo mismo se encuentran legalmente protegidos, debe negarse la confirmación y titulación de dichos terrenos" (foja 30 del legajo 6); de lo que se infiere que los terrenos que señalan los representantes del poblado para que le sean reconocidos y titulados como bienes comunales, ya se encuentran en posesión del poblado, al habérseles otorgado éstos por la vía dotatoria; es decir que los referidos títulos sólo amparan una superficie de 513-54-00 hectáreas que les fueron medidas y deslindadas en el año de mil quinientos sesenta y ocho a partir del centro del mismo poblado, la cual el poblado ha venido poseyendo desde esa época, o sea que los terrenos comunales que reclaman los constituyen en sí, una parte el caserío del propio poblado y la otra el área que le fue concedida en dotación.

Ahora bien, de los informes de fechas veinticinco de junio de mil novecientos setenta y seis y veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y tres de los ciudadanos ingenieros Mario H. Pérez Quintero y Antonio Martínez Manríquez, quienes realizaron los trabajos técnicos e informativos para substanciar debidamente el expediente objeto del presente estudio, del primero se desprende haber localizado como bienes comunales una superficie de 743-80-00 hectáreas y del segundo 645-07-66 hectáreas; siendo la primera superficie la que el poblado de Villa Nicolás Romero pretende se le reconozca y titule como bienes comunales, por considerar que dicha área se encuentra comprendida por sus títulos primordiales; sin embargo es de hacerse notar, en primer lugar, que del acta de inconformidad de la comunidad en referencia con las pequeñas propiedades que se encuentran enclavadas dentro de la citada superficie, que con fecha dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y tres levantó el segundo de los comisionados, se desprende que las pequeñas propiedades corresponden: Al Fraccionamiento Loma del Río, primera sección 80-00-00 hectáreas; al mismo fraccionamiento, segunda sección 67-17-59 hectáreas; a la Ex-Hacienda de La Encarnación 567-57-99 hectáreas; al casco de la Encarnación 16-41-77 hectáreas y otras superficies de 5-25-00 hectáreas; 1-25-00 hectáreas; 1-40-00 hectáreas; 17-53-33 hectáreas; 1-20-00 hectáreas 1-46-00 hectáreas; 3-50-00 hectáreas y 9-25-00 hectáreas de las que no menciona a quien pertenecen, dando una suma total estas superficies de 772-01-66 hectáreas; de lo que se deduce que la comunidad de Villa Nicolás Romero no se encuentra en posesión de la mencionada superficie, de la cual como ya se dijo, pretende le sea reconocida y titulada como Bienes Comunales; en segundo lugar, la superficie de 7-43-80-00 hectáreas ya fue objeto de un minucioso estudio en el expediente de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales que este mismo poblado solicitó con fecha doce de febrero de mil novecientos cuarenta y siete y que culminó con la Resolución Presidencial de veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, publicada en el  Diario Oficial de la Federación  el catorce de enero de mil novecientos cincuenta y siete, negándole al precitado poblado la confirmación y titulación de bienes comunales, basándose para ello en la consideración que en el precitado fallo se hace, de que los terrenos que amparan los títulos de propiedad del poblado quedaron incluidos dentro de la superficie de 1,088-00-00 hectáreas que por concepto de dotación de ejido le fueron otorgadas al poblado por Resolución Presidencial de veintidós de julio de mil novecientos veintiséis; en tercer lugar; la citada superficie de 743-80-00 hectáreas a que quedó reducido el predio denominado La Encarnación proveniente de la fracción primera de la Ex-Hacienda del mismo nombre, fue después de haber sufrido las siguientes afectaciones: 1.- De las 1,088-00-00 hectáreas para la dotación de ejido del poblado que nos ocupa, por la Resolución Presidencial de veintidós de julio de mil novecientos veintiséis publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre del propio año, afectando al referido predio en una superficie de 919-00-00 hectáreas; 2.- Por la resolución de primero de julio de mil novecientos diecinueve que concedió dotación de ejido al poblado de Santa María Cahuacán, Municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México con una superficie de 740-00-00 hectáreas y 3.- Para la ampliación de ejido del mismo poblado de Santa María Cahuacán con una superficie de 2,440-00-00 hectáreas que le fueron concedidas por Resolución Presidencial de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintinueve, publicada en el  Diario Oficial de la Federación  el treinta y uno de enero de mil novecientos treinta. (fojas 11 y 20 del legajo 6)

Tomando en consideración los escritos de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y siete de los ciudadanos Humberto del Olmo Bolde, Rubén Flores Huidobro, Margarita Alvarez Icaza Vázquez Gómez de Vázquez, ésta última como albacea de la sucesión de la señora Margarita Vázquez Gómez viuda de Alvarez Icaza, Vicente Morales Ojeda, como representante legal de la empresa Imapa, S.A., Alejandro Frangos Mayorga, en representación del señor Antonio Frangos Mayorga; Silvia Valle Flores de Rojas, Antonio Iza Jorge y María Teresa Parres de Iza, quienes comparecieron al procedimiento en defensa de sus intereses, ofreciendo pruebas y formulando alegatos, siendo las siguientes: a) Siete fotocopias de las publicaciones de siete resoluciones presidenciales relacionadas con los predios de su propiedad; b).- Copias certificadas: De la sentencia dictada en las causas penales número 60/975 y 100/975 por el delito de despojo cometido en agravio de Humberto del Olmo Bolde y coagraviados, por los ciudadanos Darío Olvera Martínez, Evaristo Ramírez Martínez y Admundo Zapata Góngora, por el ciudadano Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, de fecha veinte de septiembre de mil novecientos setenta y seis; de la escritura número 29112 de fecha dieciocho de enero de mil novecientos setenta y cuatro, relativa a la adjudicación por remate que otorga el ciudadano Juez Décimo de lo Civil en el Distrito Federal en rebeldía del licenciado Ignacio Alvarez Icaza, en favor del señor Humberto del Olmo Bolde; del testimonio de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, de compra-venta y liberaciones celebrado entre los señores René Duclaud Castañeda, representante de "Agricultura y Transportes", S.A. y licenciado Javier Alvarez, como endosatario en procuración de Inversiones Industriales de Occidente, S.A.; de la escritura número 23,990 de fecha doce de enero de mil novecientos setenta y uno, relativa a la aceptación de herencia y la radicación de la sucesión testamentaria a bienes de la señora Margarita Vázquez Gómez viuda de Alvarez e Icaza; del testimonio del acta número 1,495 de fecha diez de febrero de mil novecientos setenta, en el que se contiene la protocolización de una acta de la Asamblea General de Accionistas de "Imapa, S.A." y poder general conferido por la misma en favor de los señores Vicente Morales Ojeda y licenciado Ignacio Alvarez Icaza; del poder general de fecha diecisiete de enero de mil novecientos cincuenta y siete, otorgado por el ciudadano Antonio Frangos Mayorga en favor de Alejandro Frangos Mayorga; del contrato de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y dos celebrado, por una parte por el ciudadano Ignacio Alvarez Icaza y por la otra por el ciudadano Alejandro Frangos Mayorga, como apoderado del señor Antonio Frangos Mayorga y de una última parte por el señor René Duclaud Castañeda, como representante de Agricultura y Transportes, S.A.; del instrumento notarial número 20035 de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, en el que se consigna que a petición de los señores Rutilo Rojas Rodríguez, en su carácter de albacea y heredero y Silvia Valle de Rojas, Rutilo Rojas Pinedo, Felipe Rojas Pinedo, Julia Rojas Pinedo y Francisco Rojas Pinedo, se hace la aplicación de bienes por herencia en el juicio sucesorio testamentario a bienes de la señora Julio Pinedo de Rojas y, del croquis de terreno de monte alto, adquirido en propiedad por la señora Silvia Valle de Rojas, de 489-80-53 hectáreas de acuerdo con la escritura número 20035 de la Notaría número siete en Tlalnepantla, México. Así como el escrito de la Gerencia Jurídica de Financiera Comercial Mexicana, S.A. de fecha seis de abril de mil novecientos setenta y seis, que al igual que en el escrito antes aludido formularon alegatos en defensa de sus intereses, los cuales se mencionan en el número once del resultando segundo de esta resolución y que, en obvio de repeticiones se dan por reproducidos, ofreciendo como pruebas para acreditar su dicho copia certificada de la escritura pública número 21413 y sus anexos, otorgada el veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, ante el licenciado Heriberto Román Talavera, Notario Público número sesenta y dos en el Distrito Federal, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla, Estado de México, en la Sección Primera, bajo la partida número 315, Volumen III, Libro III y bajo la Partida número 87, Volumen 103, Libro I, el día veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. Se llega al conocimiento de que la superficie de 743-80-00 hectáreas a que quedó reducida la fracción primera de la Ex-Hacienda de La Encarnación, después de sufrir varias afectaciones, actualmente se encuentra fraccionada en diversos lotes propiedad de las siguientes personas: De la ciudadana Silvia Valle de Rojas 489-80-53 hectáreas de agostadero; del ciudadano Rutilo Rojas Rodríguez 5-00-00 hectáreas, que comprende el casco de la zona de protección de la finca La Encarnación; del ciudadano Ignacio Alvarez e Icaza 107-29-33 hectáreas de terrenos de agostadero de mala calidad y del Fraccionamiento denominado Loma del Río 147-23-60 hectáreas; lo cual acreditan tanto las personas físicas como la moral con las pruebas documentales públicas que exhibieron en sus escritos respectivos, mismas a las que se les da valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; de lo que se concluye por lo tanto que las 743-80-00 hectáreas no son susceptibles de reconocer y titularse como bienes comunales a favor del poblado de Villa Nicolás Romero, municipio de su mismo nombre, Estado de México.

SEXTO.- En los términos del artículo 356 de la Ley Federal de Reforma Agraria, procede la vía para el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales sobre superficies que no presenten conflictos y que los comuneros se encuentren en posesión pública, pacífica y continua de los terrenos que pretenden se les reconozcan y titulen. Por mandato del artículo 366 de la Ley invocada, si durante el trámite del procedimiento de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales surgiere un conflicto, la vía de reconocimiento será improcedente y se seguirá la acción restitutoria, si el conflicto es con un particular, y la de conflicto de linderos, si la controversia es con otro núcleo ejidal o comunal. En el mismo sentido, el artículo tercero del Reglamento para la Tramitación de los expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el trece de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, que reglamenta las normas invocadas de la Ley, establece que: "...La confirmación y titulación procede aun cuando la comunidad o el comunero carezcan de título de propiedad, siempre que posean a título de dueños, de buena fe y en forma pacífica, continua y pública...". Este procedimiento sólo es procedente, en los términos que establece el artículo segundo del propio reglamento si no existen conflictos, ya que "...Si al plantearse o tramitarse el expediente de Confirmación y Titulación surgiere un conflicto, el procedimiento agrario se continuará en la vía de restitución si el conflicto fuere con un particular y en la vía de conflicto por límites si éste fuere con un núcleo de población ejidal o comunal...".

En el caso a estudio, correspondiente al expediente agrario número 276.2/2248 relacionado con la tramitación de Reconocimiento y Confirmación de Bienes Comunales del poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, se llega al conocimiento, con base en los antecedentes enunciados, que los promoventes no acreditan los extremos legales apuntados, para considerar procedente la vía de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, ya que no prueban estar en posesión pacífica, continua y pública de las tierras cuyo reconocimiento y titulación solicitan y, sí acreditarse, en cambio que existen conflictos con ejidos y particulares.

En efecto, del análisis de la documentación que integra el expediente de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, como son constancias, diligencias realizadas, pruebas y alegatos de propietarios de predios y dictámenes de autoridades competentes, se llega a la conclusión de que los títulos primordiales en los que pretende apoyar su petición el poblado promovente, no corresponden a las tierras de las que solicita el reconocimiento y titulación como bienes comunales, sino que se refieren a tierras de las que, una parte de las mismas, es donde se encuentra el caserío del poblado y, otra, la constituyen las tierras que por concepto de dotación de ejido le fueron otorgadas por Resolución Presidencial de veintidós de julio de mil novecientos veintiséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre del propio año; que en relación con la superficie de aproximadamente 743-80-00 hectáreas del predio denominado La Encarnación, proveniente de la Ex-Hacienda del mismo nombre, se encuentran en posesión y amparadas con títulos de propiedad en favor de particulares.

Por otra parte, la acción agraria en el expediente que se analiza de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del poblado Villa Nicolás Romero, también resulta improcedente, porque el propio núcleo de población ya había ejercitado la misma vía que culminó con Resolución Presidencial de veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, publicada en el Diario Oficial de la Federación del catorce de enero de mil novecientos cincuenta y siete, en la que se declara improcedente la acción de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales a Villa Nicolás Romero; Resolución Presidencial que es definitiva, obligatoria y de carácter irreformable e irrecurrible, y constituye la cosa juzgada.

En efecto, el artículo octavo de la Ley Federal de Reforma Agraria señala que: "...El Presidente de la República es la suprema autoridad agraria y que sus resoluciones definitivas en ningún caso podrán ser modificadas, y agrega que son resoluciones definitivas, entre otras, "...IV.- De reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales...", la misma disposición la encontramos en el artículo 33 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, durante cuya vigencia se dictó la Resolución Presidencial del veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y siete. En el mismo sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CD-ROM Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Epoca 6A, Volumen CXI, página 14, que dice: Agrario. Resoluciones Presidenciales en Materia de Ejidos, Cosa Juzgada.- El Ejecutivo Federal es la máxima autoridad en la tramitación de los expedientes agrarios, y las resoluciones definitivas que en tales expedientes se pronuncien son indiscutibles e irreformables y su contenido posee eficacia obligatoria frente a las demás autoridades agrarias y frente a quienes litigaren en el expediente ejidal, porque los fallos definitivos del ciudadano Presidente de la República, tienen la cosa juzgada formal (irreformabilidad e irrecurribilidad de la decisión) y también la cosa juzgada sustancial (obligatoriedad de lo resuelto) y puede perfectamente equiparse en cuanto a su fuerza y efecto, con las sentencias judiciales que han causado ejecutoria".

PRECEDENTES:

Amparo en Revisión 8448/82. Comisariado Ejidal del Poblado de Altamira o La Perra, Municipio de Tuxpan, Ver., 29 de septiembre de 1966. 5 votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Quinta Epoca, Tomo CXXII, Página. 366, Amparo Directo 7658/42/2A. Luz Landero de Arozamena y Coag. 18 de octubre de 1954. Unanimidad de 4 votos.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución General de la República; 165 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 2o. fracción II, 18 fracción III y cuarto transitorio, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 356, 357, 358, 359, 360 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria, es de resolverse y se

RESUELVE

PRIMERO.- Esta resolución se dicta en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, dictada por el ciudadano Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, en el juicio de amparo directo número 7/86-V, y a la resolución de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada en el recurso de queja, promovidos por los representantes comunales del poblado Villa Nicolás Romero, municipio del mismo nombre, Estado de México, en contra de actos de los ciudadanos Secretario de la Reforma Agraria, Sub-Secretario de Asuntos Agrarios, Cuerpo Consultivo Agrario y Director General de Tenencia de la Tierra.

SEGUNDO.- Ha procedido la vía intentada en la que el poblado Villa Nicolás Romero, Municipio del mismo nombre, Estado de México, no acreditó la procedencia de la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales en los términos de los considerandos quinto y sexto de la presente resolución; en consecuencia.

TERCERO.- Se declara improcedente la acción de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales que de oficio se instauró en favor del poblado en referencia.

CUARTO.- Remítase copia autorizada de la presente resolución al Registro Agrario Nacional para su conocimiento y registro en los términos de la fracción I del artículo 152 de la Ley Agraria.

QUINTO.- Por oficio notifíquese al Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado, para su conocimiento y efectos legales.

SEXTO.- Notifíquese personalmente a los representantes comunales del poblado en referencia, entregándoles copia simple de la presente resolución; en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

SEPTIMO.- Publíquense: esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario y en los estrados de este Tribunal y, anótese en el libro de registro.

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.- Así lo resolvió y firma el ciudadano Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Rúbricas.